40 Años Después, la Proposición 13 Sigue Teniendo Un Impacto Negativo en las Finanzas de las Escuelas Públicas en el Condado de San Diego

¿Cómo definimos la equidad educativa hoy? A medida que la desigualdad de ingresos continúa ampliándose, lo que tradicionalmente, se ha definido como el éxito, ya no se puede lograr únicamente a través de darle todo a la educación. Esa definición de éxito, el umbral en el que se brinda a las personas la posibilidad de ganar un salario digno y una base para continuar en el camino del aprendizaje superior, es algo que la mayoría de la gente está dejando instituciones educativas completamente incapaces, de alcanzar.

Aquí, en el condado de San Diego, ese problema se ve agravado por un costo de vida absurdo, una población cada vez mayor de estudiantes con necesidades elevadas y un paradigma financiero completamente insostenible, para las escuelas públicas. Reconociendo esto, es un prefacio necesario para la discusión sobre las métricas para el éxito educativo, ya que, es el núcleo del debate que pesa sobre las escuelas públicas tradicionales, frente a los modelos más nuevos, como las escuelas charter. Los distritos escolares del Condado de San Diego, especialmente K-12, están luchando para financiar la construcción básica y el mantenimiento que se han retrasado décadas. Los programas vitales se encuentran en la tabla de cortar. Repasemos el origen de estos males aquí, en California.

La disminución en el rendimiento de los sistemas de las escuelas públicas de California, se puede vincular con la infame propuesta de votación en 1978 (Proposición 13) que redujo los impuestos al valor de la propiedad por aproximadamente, un 57%. También movió la autoridad para aumentar los impuestos a la propiedad de los gobiernos locales al estado. Los gobiernos locales que buscan elevar los impuestos a la propiedad, necesitarían, que los votantes aprueben una iniciativa de votación por una mayoría de dos tercios. Si el Estado de California quería aumentar los impuestos a la propiedad, ambas cámaras de la legislatura estatal tenian que aprobar dicha legislación, por una mayoría de dos tercios. Mientras el Tribunal Supremo de California dictaminó en el histórico caso Serrano v Priest de 1971, que el esquema de financiación de impuestos a la propiedad era inconstitucional, la Prop 13, limitó severamente el alcance del remedio que la Corte, podía aplicar. También eliminó la capacidad de los gobiernos locales, para tomar decisiones con respecto a los impuestos a la propiedad. Desde ese período de tiempo, la excelencia reconocida de las escuelas públicas de California, tuvo un costo severo.

Una década más tarde, después de que las escuelas públicas sufrieran daños irreparables, los votantes de California aprobaron la Proposición 98, que ordenaba que el estado dedicara un mínimo del 40% del Fondo General a la educación. Esto nos lleva a la situación actual:

  • Las escuelas públicas ahora reciben aproximadamente el 60% de sus fondos del Estado, el 25% de los impuestos al valor de la propiedad y el 15% restante del gobierno federal (Weston, PPIC).
  • Debido a circunstancias atenuantes, la cantidad total gastada en K-12 en los últimos diez años desde la crisis financiera de 2008, ha fluctuado, con $63.3 mil millones de dólares gastados en el año fiscal 2016-2017 (Oficina del Analista Legislativo, El Presupuesto 2016-2017: Plan de Gastos de California).

La Fórmula de Financiamiento de Control Local ha estado en vigencia durante cuatro años y esta cumpliendo diversos grados de éxito en California.
En mi distrito escolar de el Unificado de Poway, que se encuentra en el cuadrante noreste del condado de San Diego, estamos en el medio de uno de los embrollos fiscales más grandes de la nación, que usted verá en un distrito escolar. Debido a que, la Proposición 13 restringió al distrito a aumentar los impuestos a la propiedad, incluso de manera incremental, la junta escolar tuvo que buscar otras fuentes de ingresos. Esto resultó en que el distrito emitiera un bono de revalorización de capital con un valor de $105 millones de dólares. Por sí mismo, eso no es necesariamente controvertido porque los distritos escolares piden prestado ese tipo de dinero con frecuencia. La parte del bono que hará quebrar a la comunidad es una estipulación clave: Poway Unified no pagaría nada durante 20 años. El interés se acumulará, lo que equivale a un pago total asombroso de $981 millones de dólares.

Estás son el tipo de situaciones que surgieron del desastre que creó la Prop 13. No se irán hasta que hayamos derogado la Prop. 13 y hayamos reformado las finanzas escolares a nivel estatal y local. Está es la razón por la cual, la conversación sobre buscar nuevos paradigmas de finanzas, es tan importante. A menos, que como comunidad, tomemos medidas drásticas, para encontrar soluciones a esta crisis, el futuro se ve muy sombrío.

Si usted está interesado en aprender más acerca de los esfuerzos para reformar la Proposición 13, por favor haga clic aquí.

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Luis Alejandro Montes

Luis Alejandro Montes

A first-generation Citizen of the United States born to Colombian immigrants, Luis Alejandro Montes grew up around San Diego County. In High School, Luis became interested in social justice reading about the subjugation of left-leaning governments in Central and South America by the United States during the years of the Domino Theory. Later, as a student leader in the movement for a legally enforceable renewable goal in the City's climate action plan, he organized and educated community members about the importance of rapidly attaining carbon-neutrality as a society. All of those efforts ultimately resulted in Luis being sponsored by the Sierra Club to attend an environmental organizing training in the Angeles Mountains, speaking in front of the Public Utilities Commission about Sempra's illegal use of ratepayer dollars, and winning the 2016 FEAT award for Rookie Activist of the Year at the Sierra Club's annual gala.

Luis wanted to see more of California and took an opportunity to train as a wildland firefighter in Ukiah California, about 800 miles away to the north. After the 2016 presidential election, Luis felt an even stronger call to return to work organizing for positive change. He now resides in San Bernardino County as a freelance writer and environmental policy advisor for several local campaigns.

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